Región Amazonas

Ronald Gamarra, director de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, anunció que a pesar de las pruebas que demuestran la detención y tortura de comuneros en el campamento minero de Majaz, el Poder Judicial y la Policía Nacional siguen mostrando desidia en la identificación de los responsables y por ello, el caso sería llevado a los organismos internacionales de administración de justicia.
Lo que corresponde ahora, señaló, es que el Ministerio del Interior entregue a la Fiscalía la relación del personal de Diroes que participó en estos hechos, además de las fotografías restantes, pues la numeración correlativa que llevan las placas indican que habría más material gráfico oculto.

El fiscal Félix Toledo Leiva constató el estado en que se encontraban los detenidos en el campamento minero de Majaz, pero no promovió acusación alguna contra los responsables de la agresión. Fue denunciado por omisión de ejercicio de la acción penal. Poco después se le descubrió recibiendo una coima de 200 soles de un litigante. Por este hecho cumple condena en el penal de Río Seco, la misma cárcel que él ofreciera a los comuneros por realizar marchas de protesta.
El médico que examinó a las 29 personas torturadas también está incluido en la denuncia presentada por la Coordinadora de Derechos Humanos y la ONG Fedepaz. El delito es expedición de certificado médico con datos falsos. No consignó las muestras de tortura que presentaban las víctimas.
Se ha solicitado la exhumación del cadáver de Melanio García para determinar con exactitud las causas de su muerte. Las contradicciones entre el protocolo de necropsia y las declaraciones del agente acusado de hacer el disparo mortal, así lo ameritan.