Más de mil integrantes de los gremios madereros y otras organizaciones sociales marcharon el jueves por las calles de Pucallpa, exigiendo la derogatoria del DL 1090 y sus modificaciones, pues consideran que se promulgó sin tomar en cuenta sus opiniones.
Las estadísticas sobre deforestación son bastante preocupantes. Los gobiernos regionales de Amazonas, Loreto y Cajamarca deberían ser los más interesados en lograr que salga esta nueva ley forestal que pretende abordar el asunto a través de la promoción de una explotación responsable de los bosques. En ocasiones como ésta se suele fomentar la idea de que la principal razón de la deforestación es la actividad forestal industrial, pero ése no es el caso. Como lo muestra el libro Las concesiones forestales en el Perú de Elsa Galarza y Karlos La Serna, la extracción de madera para fines comerciales e industriales es responsable de apenas el 2.5% del problema.
El consumo de madera de las poblaciones rurales para producción de leña y carbón es responsable del 16.5%. Y el principal causante de la deforestación en el Perú es la quema de madera por agricultores para convertir bosques en áreas descubiertas que puedan usar para la producción agropecuaria, en un 81.1%. La nueva norma busca revertir esta situación.
Consideremos que según la clasificación de suelos por capacidad de uso mayor de la tierra, el 80.14% del total del territorio nacional son tierras óptimas para la producción forestal y apenas el 5.92% corresponde a tierras aptas para cultivos.
Consideremos que según la clasificación de suelos por capacidad de uso mayor de la tierra, el 80.14% del total del territorio nacional son tierras óptimas para la producción forestal y apenas el 5.92% corresponde a tierras aptas para cultivos.
No obstante, la atención que mantiene la agricultura y aquellos que viven de ella es considerablemente superior a la que podría ocupar el sector forestal, a pesar de su inmenso potencial (CD 28/11/2007). De hecho, esa despreocupación ha llevado a que en los últimos 40 años se deforesten 8.5 millones de hectáreas. Esto no solamente trae consecuencias ambientales, sino que además trae pérdidas económicas por disminución de la biodiversidad, reducción de la calidad de agua y el incremento del riesgo de desastres naturales, entre otros.
FUENTE: Instituto Peruano de Economía
FUENTE: Instituto Peruano de Economía





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