Región Amazonas

En conferencia de prensa realizada ayer, los familiares de civiles heridos y muertos durante el conflicto en la Amazonía, pidieron celeridad en la búsqueda de la verdad y justicia para sus seres queridos. Maritza Angélica Gonzáles Pérez, madre de Laydi Luz Montes, una niña de siete años que fue herida mientras jugaba cerca de su casa, recordó con pesar los días en que su hija fue alcanzada por un proyectil disparado por la policía: “Ese día estábamos a 30 kilómetros de Siempre Viva, en Bagua Grande, donde llegaron huyendo los nativos que habían estado allí; los policías vinieron tras de ellos y bajaron de los helicópteros a los techos y comenzaron a disparar. Mi hija estaba a pocos metros en casa de una vecina. Allí fue cuando le cayó la bala”.

Por su parte, Rufina Linares Terrones, viuda de Alejandro Salazar Huamaní, ejecutado extrajudicialmente en Bagua Grande, demandó justicia a las autoridades tras un año que su esposo fue muerto: “Estaba cocinando, cuando recibí la noticia de que mi esposo había sido llevado al Hospital Santiago Apóstol. Fui a verlo y lo encontré sin vida. Ha sido muy duro para nosotros todo este tiempo, por eso pido a las autoridades que se haga justicia para que estos hechos no vuelvan a ocurrir”. Rufina quedó viuda con cuatro menores hijos. Miguel Jugo, director de Proyección Institucional de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, señaló: “ Los informes de las comisiones investigadoras sobre estos hechos, tanto del Congreso como las creadas a nivel del Ministerio de Agricultura, han coincidido en 3 temas: el primero, que las razones de la movilización eran justas porque había un problema de abandono de los pueblos de la amazonía y un problema de no consulta; segundo, que discursos como el del ‘perro del hortelano’, en lugar de generar una distensión en la zona, más bien generaron situaciones de incertidumbre y zozobra, afectando el honor de los indígenas”.

Así mismo, Miguel Jugo agregó que las comisiones coinciden en que los hechos de Siempre Viva ocurren producto de un operativo policial mal implementado. “En esa línea, podemos decir que hay responsabilidades materiales identificados hasta este momento, como la Ministra del Interior, el Director de la PNP, el Director del operativo y el conjunto de policías que estuvieron en dicha zona, dirigiendo el despliegue”, remarcó.

“La investigación realizada debería ser tomada en cuenta por la fiscal Bobadilla, para que efectúe la denuncia y de una vez se inicie un proceso que lleve a individualizar a los responsables de las muertes en las ciudades de Bagua y Bagua Grande. Es importante precisar que en estos lugares no hubo enfrentamiento, sino un uso excesivo de la fuerza por parte de la PNP, que afectó a la población civil”, finalizó.