Región Amazonas

Los representantes del pueblo aymara presentaron una serie de documentos que muestran las irregularidades que se cometieron en la concesión que dio el gobierno aprista a la canadiense Bear Creek Mining para explorar el cerro Santa Ana, en el 2007, pues todo señala que se habría producido corrupción de funcionarios del más alto nivel pues la concesión minera no tiene información importantísima como informes sobre una posible contaminación de aguas.
Pero la denuncia no cierra ahí, sino que descubrieron que en setiembre del 2006, la ciudadana Yenny Villavicencio Gardini solicitó la concesión del cerro Santa Ana, sin embargo, ella era la representante legal de la Bear Creek Mining, es decir, actuó como testaferro.

Por su parte, Walter Aduviri, presidente del Frente de Defensa del pueblo aymara, agregó que existen suficientes elementos que prueban estas irregularidades por lo que sería escandaloso que no se derogue el Decreto Supremo 083-2007, que otorgó la concesión.

“Ya hay argumentos suficientes. La población está aquí, llevamos 37 días de huelga indefinida. Está en manos del Ejecutivo resolver este problema (…) es lamentable que el Gobierno Central se ponga del lado de las mineras. Ellos en vez de defender el medio ambiente, defienden la minería contaminante. Eso en otros países no se da”, dijo.

Para el sector aymara, las intenciones de imponer una agenda distinta a la que plantean los pobladores del sur de Puno, han entrampado el diálogo entre los dirigentes y los representantes del gobierno central.

Aseguran que desde el inicio los funcionarios estatales dieron muestras de pretender dilatar las conversaciones y no discutir los temas de fondo. Incluso, se les ha impedido participar en compañía de técnicos o asesores, los cuales incluso fueron desalojados de la sala en donde se desarrolla el diálogo, bajo la excusa de que ingresaron por un acceso indebido.

Como se recuerda, los dos principales pedidos son la derogación del DS 083-2007 –en la que hasta el momento la cartera de Energía y Minas no ha entregado la fundamentación por la cual se decidió otorgar la concesión del cerro Santa Ana, ubicado en el distrito de Huacullani– y declarar el sur de Puno como territorio libre de minería y de explotación petrolera. (AIDESEP)