La Contraloría
General reveló que el gobierno regional de Amazonas ha pagado 14.2 millones de
soles a una empresa contratista que en dos años no pudo culminar una obra de
saneamiento en Bagua Grande, la cual quedó inconclusa.
Durante la
acción de control, se verificó que el gobierno regional resolvió el contrato
con la empresa en diciembre del 2009 porque habían transcurrido cerca de dos
años y la contratista no había entregado la obra “Ampliación y mejoramiento de
los sistemas de agua potable, alcantarillado y construcción de la planta de
tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Bagua Grande”.
Al momento de
emitirse el informe, en julio del 2012, la obra registraba un avance físico
menor al 65%, lo que perjudicaba a más de 36 mil habitantes que no podían
acceder a estos servicios básicos.
NEGLIGENCIAS
Se ha
determinado que uno de los factores que retrasó la ejecución de la obra fue el
haber convocado el proceso de selección para contratar a las empresas que
ejecutarían y supervisarían la obra sin contar con la total disponibilidad del
terreno, toda vez que quedó pendiente la entrega del terreno donde se
emplazaría las estructuras de la planta de tratamiento de aguas servidas; lo
que ocasionó que se reformulara el expediente técnico por el hecho de reubicar
la citada planta y que el contratista solicite ampliación de plazo por 75 días
calendario, invocando falta de libre disponibilidad de terreno, lo que
significó un retraso en la entrega de obra.
Durante la
suscripción del contrato, los funcionarios del gobierno regional no exigieron a
la empresa que ejecutó la obra la presentación de la carta fianza de fiel cumplimiento de acuerdo
a lo establecido en el decreto de urgencia, lo cual constituía un requisito
indispensable para continuar con el proceso.
Además, se
otorgaron irregularmente adelantos para materiales por cantidades y montos
mayores a los establecidos sin que esto implique una ejecución de la obra en
menor plazo, con menor costo o mejor calidad. Esto favoreció únicamente a la
contratista que obtuvo mayor liquidez de dinero y se ahorró unos 129 mil soles
en costos de financiamiento.
La contratista
no presentó el calendario de avance de obra valorizado y otros documentos
actualizados a la fecha de inicio de obra, lo que ocasionó que la supervisión y
el gobierno regional tengan un limitado control técnico de la ejecución de
obra. En este caso, la entidad pudo sancionar económicamente a la empresa pero
no lo hizo.
DEMORAS INJUSTIFICADAS
Durante el
primer año de ejecución de la obra, el contratista incurrió en demoras
injustificadas, las cuales fueron comunicadas en su oportunidad a los
funcionarios responsables. Sin embargo, la entidad no aplicó la máxima
penalidad económica, no realizó la intervención económica o resolvió el
contrato en su oportunidad.
Tampoco
demandaron al contratista porque la obra no fuera ejecutada por el equipo de
profesionales señalado en su propuesta técnica, debido a que parte del cual fue
sustituido sin demostrar que contaban con iguales o mejores calificaciones
técnicas, por lo que no está garantizada su idoneidad técnica. Iniciada la
obra, las partes intentaron “regularizar” esta situación firmando un acta de
acuerdo, sin considerar que el contrato no permite realizar estos cambios salvo
en casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente comprobados.
Debido a estas
presuntas irregularidades el órgano de control ha recomendado abrir proceso
administrativo a 19 funcionarios del gobierno regional de Amazonas, de los
cuales 6 continúan laborando en la entidad.
EL DATO
La Contraloría
General ha denunciado penalmente a cuatro ex funcionarios por el presunto
delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, debido
a que irregularmente tramitaron, dieron su conformidad y dispusieron el pago de
adelantos para materiales y además, en una valorización dieron su conformidad y tramitaron el pago de
más de 227 mil soles por trabajos que la empresa no ejecutó.
Relatos de Monos
Libro Raices de Bagua
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