Las organizaciones sociales e indígenas de Perú y Ecuador se
pronunciaron en contra del proyecto minero Río Blanco y propusieron
que, antes de iniciar los trabajos extractivos, se debe activar los
mecanismos de consulta a las poblaciones y comunidades campesinas y
amazónicas que serían afectadas por dicha exploración y explotación.
En comunicado público, exigieron a los Estados peruano y
ecuatoriano cumpla con respetar lo dispuesto por el Convenio 169 de la
OIT, y que ambas naciones son firmantes, y cumplir también con el
respeto a los derechos de las comunidades indígenas y dialoguen antes
de tomar una decisión tan transcendental para la vida de los pueblos.
Como se sabe, en las provincias de Huancabamba y Ayabaca (Perú) las
principales actividades son la ganadería y la agricultura, que serían
afectadas si se ejecuta la actividad minera; más aún, si se tiene en
cuenta que debido a la presencia de la minera se están ejecutando
invasiones y ocupaciones ilegales de las comunidades ubicadas en Yanta,
Ayabaca y Cajas, Huancabamba, ocasionando la muerte de siete personas.
Además, de acuerdo a los estudios realizados, existen indicios que
esta actividad minera contaminará las aguas superficiales y
subterráneas de la zona lo que afectaría directamente la calidad de
vida de las comunidades. El pronunciamiento es firmado por los
representantes de la Federación Provincial de Comunidades Campesinas de
Ayabaca – Freprocca, Comunidad Campesina de Segunda y Cajas, Comunidad
Campesina de Yanta, la Central Única Provincial de Rondas Campesinas de
Huancabamba, la Central Provincial de Rondas Campesinas de Ayabaca
(Sede Hualcuy), el Frente de Defensa del Medio Ambiente de Huancabamba,
la presidencia de la Junta Parroquial de San Andrés, la Coordinadora en
defensa de la vida del cantón el Pangui y la Federación Provincial de
la Nacionalidad Shuar de Zamora Chinchipe. (AIDESEP)
Relatos de Monos
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