Región Amazonas

Una tormenta ha desatado la decisión del presidente del Poder Judicial, César San Martín, de ordenar por la vía administrativa la nivelación de los sueldos de los jueces, pese a que este tema era parte de un proyecto que se discutía en el Congreso y a que el MEF se había opuesto al citado incremento.

Desde el Legislativo, el parlamentario nacionalista Teófilo Gamarra, miembro de la Comisión de Presupuesto, reprochó la actitud de San Martín, pues dijo que intenta presionar al Parlamento y compromete "gravemente" el equilibrio fiscal.

"Nadie, ni siquiera el Congreso, puede dar leyes que incrementen el gasto del Estado", enfatizó Gamarra.

También señaló que el proyecto de ley para la homologación de los sueldos de los jueces -enviado por el PJ y actualmente en trámite- debe pasar por los conductos regulares para su aprobación y ejecución.

En ese sentido, indicó que el pleno analizará si este poder del Estado ha incurrido en una infracción constitucional "con este desafío, que ha generado un conflicto que tiene que ver con la contienda de competencias".

"Estamos frente a una posición lamentable de San Martín, que ha desafiado la institucionalidad del país al pasar por encima del Congreso y faltado al Ejecutivo al homologar, arbitrariamente, los ingresos de los jueces", enfatizó Gamarra.

SALTÓ LAS FORMAS.

En la misma línea, el presidente de la Comisión de Economía, Fernando Andrade, manifestó que si bien el reclamo de los magistrados es justo, "todo tiene un procedimiento", por lo que se deben respetar las competencias de cada poder.

"La medida no ha sido vista por el pleno", apuntó Andrade, tras recordar que cualquier efecto remunerativo debe ser aprobado por el Legislativo.

"Hay que mantener las formas. No podemos aceptar la presión de los jueces que se ponen de acuerdo", añadió. Agregó además que San Martín "está amenazando demasiado" con su posición.

OTRA VISIÓN.

No obstante, César Vega Vega, expresidente de la Corte Superior de Lima, consideró que no se está interpretando de modo correcto este tema, y recordó que la Ley Orgánica del PJ dispone el aumento salarial para los magistrados.

Precisó que hay algunas críticas altisonantes de legisladores que parecen ignorar que "cumplir la ley no es ningún delito".

"Lo único que hizo el Concejo es publicar los montos que nos toca percibir hace 20 años. Lo que ahora tenemos como agregado al mandato legal son dos fallos, el de la Corte de Lima y el del TC, que se deben cumplir", subrayó.

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitió un comunicado donde no solo respalda la gestión de San Martín, sino que reafirma que requiere "de la cobertura presupuestal a cargo del Ministerio de Economía" para ejecutar el aumento. (AHUA)