La denuncia ha sido presentada por el Grupo de
Formación e Intervención para el Desarrollo (Grufides) y por la Plataforma
Interinstitucional Celendina (PIC).
En su demanda, Sergio Sanchez Ibañez y Mirtha Vasquez,
representantes de Grufides han señalado que, según el propio Informe de Impacto
Ambiental presentado por Yanacocha y aprobado por el Ministerio de Energía y
Minas del Estado Peruano, el proyecto minero Conga tiene previsto “la pérdida
inminente de lagunas naturales, la afectación de más de 680 manantiales y la
modificación negativa de varios ecosistemas, entre ellos bofedales, fauna y
flora en la región de Cajamarca”.
Los demandantes han subrayado que “la zona prevista
para la explotación se encuentra en la cabecera de cinco microcuencas, entre
las que están la del río alto Jaribamba y la del río Chailhuagón, cuyas aguas
desembocan en el Amazonas”. Han señalado que “en el área del proyecto se
encuentran además diversas lagunas como Perol, Azul, Mala, Chica, Mishacocha,
Mamachocha o Alforjacocha”, de las cuales “cuatro se vaciarían: dos para
extraer minerales de su base y dos para ser utilizadas como depósitos de
desmontes”.
Los demandantes han señalado que “el plan de
mitigación de la empresa de reemplazar estas cuatro lagunas naturales por
reservorios artificiales rompería drásticamente el ecosistema hídrico andino” y
además “la propiedad del agua en los reservorios artificiales pasaría a ser
propiedad de la empresa”. También han indicado que “el estudio de impacto
ambiental solo contempla a 32 comunidades, cuando en realidad hay 210
comunidades”.
Para argumentar la presunta inconsistencia del Informe
de Impacto Ambiental de Yanacocha, Grufides se ha hecho eco de estudios
independientes realizados por hidrogeólogos internacionales como Robert Moran o
Javier Lamban, por el Colegio de ingenieros de Cajamarca o por el propio
Ministerio de Medio Ambiente.
Además, los demandantes han indicado que “para
alimentar la actividad minera se va a bombear más agua (1.364.400 litros/hora)
de la que se puede tratar (233.000 litros/hora), por lo que la actividad minera
desecharía aguas residuales”.
“El temor de los habitantes de Cajamarca- han
señalado- proviene de la experiencia vivida por la operación durante 17 años de
la misma minera (integrada actualmente por compañía de Minas Buenaventura
(CMB), Newmont Minig Corporation (Newmont) y la Corporación Financiera
Internacional (IFC) del Banco Mundial) en Cajamarca en donde han demandado que
“los cerros que captaban el agua ya no existen, ha habido importantes derrames
tóxicos y han desaparecido completamente afluentes, ríos y lagunas”.
Por último, los demandantes han hecho hincapié en “la
criminalización de la protesta social” y en “las trabas jurídicas que han
encontrado en las instituciones de justicia peruanas a la hora de presentar sus
alegatos”. En este sentido, Grufides ha demandado que “la justicia en Perú está
polítizada” y ha solicitado al Tribunal que declare Fundada la demanda, por
violación al derecho al Agua y al derecho al medio ambiente sano y equilibrado
y requiera “la suspensión definitiva de la explotación del proyecto minero
Conga”.
Por su parte, La minera Yanacocha ha señalado, a
través de un comunicado, que “desconoce la jurisdicción del Tribunal”, a lo que
el Tribunal ha contestado que se fundamenta en principios y normas
internacionales vinculantes y que tal decisión no comprende el propósito de la
Audiencia, que es buscar soluciones a las controversias hídricas.
El Jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua,
integrado porPhilippe Texier, miembro redactor del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; Alexandre Camanho de Assis, Magistrado del
Ministerio Público y Procurador de la República de Brasil, el muralista
mexicano Ariosto Otero, la Dra. Silvia Nonna, experta y asesora de la Nación
Argentina en materia legal medioambiental y Giselle Boza Solano, abogada y
periodista costarricense. (AHUA)
Relatos de Monos
Libro Raices de Bagua
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