La iniciativa corresponde a que en la práctica no son pocos los casos en que los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Público se han visto afectados por visibles muestras de simpatía o compromiso político de sus autoridades.
“De hecho, cuando eso sucede existe un riesgo de que pueda convertirse en una grave amenaza para la correcta administración de justicia o que pueda dar pie a actos de corrupción”, señaló el legislador.
Mesías sustenta su proyecto en que si bien en toda sociedad democrática hay un postulado básico que refiere que los magistrados con función jurisdiccional deben ser independientes y que sólo estén sometidos al imperio de la ley- tal como lo expresa la propia Constitución Política del Perú en su artículo 146°-, la deseada independencia judicial, es parte constitutiva del principio de división de poderes.
En el documento el legislador sostiene que es cierto que las filiaciones políticas son compatibles con el estado constitucional de derecho, pero cuando estas filiaciones entrañan lealtades afectivas y compromisos que repercuten en las decisiones jurisdiccionales hay quiebra de la ética judicial y un enajenamiento de la independencia que se postula.
“Aun cuando el desempeño independiente de la función jurisdiccional es una exigencia moral de cada magistrado, no existe certeza de que como persona no pueda ceder al impulso o solicitud de solidaridad política y así corromper sus decisiones. Esta situación tiene que ser considerada”, explicó el parlamentario acciopopulista.
Finalmente, dijo que con esta propuesta se busca que el juez sea juez, por lo tanto debe abstenerse de participar en contiendas de carácter político o disputas por el poder, así como de las pugnas económicas ya que es la única manera de hacer que la justicia y la equidad sean la base de sus fallo, lo mismo sucede con el Ministerio Público que también ha sido objeto de interferencia del poder político en diversas realidades.
Entre los beneficios que se espera alcanzar para el país es contribuir a darle seguridad jurídica al estado de derecho, propiciar la construcción de una nueva imagen institucional del Poder Judicial y Ministerio Público, bajo condiciones de confianza sobre las cuales construir una real independencia jurisdiccional, y promover un tratamiento igualitario en la administración de la justicia, libre de condicionamientos políticos. (Kelly Huamán Espejo)





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