Las instituciones públicas más importantes del país se comprometieron a fortalecer la lucha contra la corrupción al interior de ellas, con el firme propósito de dar respuestas contundentes y concretas respecto a su voluntad política de luchar frontalmente contra esa lacra, percibida como uno de los principales problemas que aquejan a nuestro país.
Con tal propósito suscribieron la ‘Declaración de Compromiso Interinstitucional de la Mesa de Trabajo Anticorrupción’, en la que se comprometen a dar prioridad en cada una de sus instituciones a las acciones que tengan como objetivo la lucha contra la corrupción (LCC).
Así, el Congreso de la República asume la responsabilidad de debatir y aprobar las iniciativas legislativas vinculadas a la lucha contra la corrupción; el Poder Judicial (PJ), a acelerar los procesos vinculados al tema y a la inconducta de los magistrados, y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a cumplir con el Plan Nacional de LCC, elaborado por la Comisión de Alto Nivel (CAN-Anticorrupción) y dar cuenta de su labor anualmente al Parlamento Nacional.
A su vez, al Ministerio de Justicia (MINJUS) se compromete a analizar la política criminal, con énfasis en delitos de corrupción, y acelerar la aprobación de medidas para combatirlos, dentro del marco de planificación, articulación, supervisión y seguimiento; y el Ministerio Público- Fiscalía de la Nación (MP-FN), a investigar eficaz y oportunamente los ilícitos penales vinculados a actos de corrupción para formalizar las denuncias respectivas y su prosecución, así como sancionar efectivamente la inconducta funcional de los magistrados.
Igualmente, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) asume la responsabilidad de investigar y sancionar efectivamente a magistrados vinculados a actos de corrupción; y la Contraloría General de la República (CGR), a acelerar las sanciones administrativas a funcionarios y servidores públicos que cometan faltas graves o muy graves vinculadas a los mismos.
En el documento, suscrito al mediodía del lunes 9 en la sede del Palacio Legislativo, los titulares de los organismos comprometidos destacan la elevación a rango de ley a la creación de la CAN-Anticorrupción, que constituye un espacio integrado por instituciones públicas, privadas y la sociedad civil cuyo objetivo es articular esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas de mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el Perú.
Recuerdan, además, que nuestro país está obligado a adecuar su normatividad nacional a los compromisos internacionales asumidos, tales como la Convención Interamericana contra la Corrupción (OEA), la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ONU) y la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos, suscritos entre 1996 y 2003.
La Declaración de Compromiso Institucional está suscrita por los titulares del Congreso, Freedy Otárola Peñaranda; del PJ, Enrique Mendoza; de la PCM, Juan Jiménez Mayor; de la Comisión de Justicia y DDHH, Juan Carlos Eguren; del MINJUS, Daniel Figallo Rivadeneyra; del CNM, Máximo Herrera Bonilla; del MP-FN, José Peláez Bardales, y de la CGR, Fuad Khoury Zarzar. (jvs)
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