El 24 de diciembre
del 2013 se cumplió un año de la aprobación de la Ley 29973, Ley General de las
Personas con Discapacidad, sin embargo, aún no ha sido reglamentada. “La falta
de voluntad política es el principal obstáculo pues el Poder Ejecutivo no está
convencido de muchas de las obligaciones establecidas en la ley”, afirma
Alberto Vásquez, presidente de Sociedad y Discapacidad (SODIS). Frente a esta
demora, la Asociación Pro Derechos Humanos-Aprodeh, Musas Inspiradoras de
Cambios, la Sociedad Peruana de Síndrome Down, la Asociación Peruana de
Abogados con Discapacidad Visual y SODIS han presentado una carta notarial
dirigida a la Presidencia del Consejo de Ministros solicitando su
reglamentación en un plazo de diez días útiles, es decir, antes del 7 de enero
de 2014. De lo contrario, interpondrán una demanda de cumplimiento contra la
Presidencia del Consejo de Ministros a cargo de César Villanueva.
“Sin reglamento no se pueden implementar varias de las medidas que están en la ley; tampoco son efectivos los mecanismos de fiscalización y sanción que la ley contempla”, declara Vásquez. A pesar de que existe una propuesta formal de reglamento desde hace seis meses, el Consejo de Ministros todavía no da luz verde a su aprobación. “Hay resistencia de varios sectores a reglamentar algunos aspectos como las pensiones no contributivas y la cuota laboral en el sector privado”, afirma Vásquez.
La Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, de acuerdo con su artículo 59, obliga al Estado a otorgar una pensión no contributiva a aquellas personas con discapacidad severa que no tienen un ingreso o pensión y que se encuentran en situación de pobreza. “Ha habido mucha controversia sobre qué Sector se haría cargo del tema de las pensiones. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) no ha querido asumir la ejecución del programa, lo cual ha retrasado su puesta en marcha. Tanto es así que no se logró pedir los recursos para implementarla el próximo año”, explica el presidente de SODIS. Asimismo, Vásquez saludó el anuncio del Viceministro de Poblaciones Vulnerables, Julio Rojas, de que las pensiones se empezarán a pagar el próximo año pero puntualizó que “este anuncio debe ser acompañado de una solicitud de crédito suplementario para que pueda hacerse efectivo”.
Asimismo, la ley en su artículo 49 obliga a las entidades públicas a emplear a personas con discapacidad en una proporción no menor al 5% total de su personal, obligación que se extiende a las empresas privadas con más de 50 trabajadores. “Pese a que la mayoría de los temores se han disipado y cada vez más empresas están apostando por contratar trabajadores con discapacidad, el debate inicial generado alrededor de la cuota ha provocado que el Ministerio de Trabajo ponga muchas objeciones a la propuesta de reglamento de la ley”, afirma Alberto Vásquez.
“Sin reglamento no se pueden implementar varias de las medidas que están en la ley; tampoco son efectivos los mecanismos de fiscalización y sanción que la ley contempla”, declara Vásquez. A pesar de que existe una propuesta formal de reglamento desde hace seis meses, el Consejo de Ministros todavía no da luz verde a su aprobación. “Hay resistencia de varios sectores a reglamentar algunos aspectos como las pensiones no contributivas y la cuota laboral en el sector privado”, afirma Vásquez.
La Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, de acuerdo con su artículo 59, obliga al Estado a otorgar una pensión no contributiva a aquellas personas con discapacidad severa que no tienen un ingreso o pensión y que se encuentran en situación de pobreza. “Ha habido mucha controversia sobre qué Sector se haría cargo del tema de las pensiones. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) no ha querido asumir la ejecución del programa, lo cual ha retrasado su puesta en marcha. Tanto es así que no se logró pedir los recursos para implementarla el próximo año”, explica el presidente de SODIS. Asimismo, Vásquez saludó el anuncio del Viceministro de Poblaciones Vulnerables, Julio Rojas, de que las pensiones se empezarán a pagar el próximo año pero puntualizó que “este anuncio debe ser acompañado de una solicitud de crédito suplementario para que pueda hacerse efectivo”.
Asimismo, la ley en su artículo 49 obliga a las entidades públicas a emplear a personas con discapacidad en una proporción no menor al 5% total de su personal, obligación que se extiende a las empresas privadas con más de 50 trabajadores. “Pese a que la mayoría de los temores se han disipado y cada vez más empresas están apostando por contratar trabajadores con discapacidad, el debate inicial generado alrededor de la cuota ha provocado que el Ministerio de Trabajo ponga muchas objeciones a la propuesta de reglamento de la ley”, afirma Alberto Vásquez.
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