Hechos recientes ameritan referirnos a la sensible relación entre empresarios privados y la administración pública, que puede realizarse profesionalmente o de modo informal y perjudicial para todas las partes. En el Perú, felizmente, existe la opción de hacerlo legal y transparentemente.
Todos los días la administración pública adopta decisiones que afectan intereses privados, decisiones que distan de ser asépticas y son influenciadas, consciente o inconscientemente, por políticos, inversionistas, competidores, ideólogos, ONG, gobiernos, funcionarios, asesores, medios de comunicación, etc. No estar presente en el arbitrio de intereses es un riesgo competitivo y estratégico de muy alto costo.
Es impensable que una empresa descuide por completo la delicada y sensible relación con los decisores públicos, máxime si se trata de titulares de concesiones, contratistas, productores, exportadores, concesionarios de bienes públicos, proveedores de servicios públicos, etc.
La gestión profesional de intereses (GPI), regulada por la Ley 28024 desde el 2003, permite que las empresas se relacionen con la administración pública, a través de gestores profesionales, para influir en las decisiones de los funcionarios, mediante la exposición de sus puntos de vista, para conseguir que tales decisiones los beneficien indirectamente o, cuando menos, que no los afecten. La otra posibilidad legítima es que las empresas gestionen sus intereses directamente o a través de los gremios que las representan. (Felipe Gutiérrez, El Comercio)
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