Como parte del pago de la deuda social del país, porque incluye sectores de menores recursos, parlamentarios de distintas bancadas coincidieron el miércoles 18 en destacar y aprobar la propuesta del Poder Ejecutivo que plantea priorizar la materia laboral y previsional como criterios para el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada.
El tema fue visto en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, que preside el congresista Johnny Cárdenas Cerrón (GPN), con carácter de urgencia.
La iniciativa legal tiene el objeto de reducir costos al Estado, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.
Propone que los criterios de priorización social y sectorial sean en: material laboral, previsional, víctimas por violaciones de derechos humanos y víctimas en actos de defensa del Estado.
Asimismo, otras deudas de carácter social y las no comprendidas en lo antes dicho.
De acuerdo al pre dictamen, cada pliego aplica los criterios para determinar el orden de prioridad y, considera, además, aspectos tales como la fecha de notificación, edad de los acreedores y los montos de obligación.
Asimismo, se priorizará a los acreedores individuales, cuyo saldo de acreencia sea menor o igual a cinco Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Después, a los acreedores cuyo saldo de acreencia sea entre cinco y 10 UIT.
Posteriormente, serán las acreencias mayores de 10 UIT hasta 20 y luego quienes tengan saldo de acreencia entre 20 y 50 UIT. Por último, los adeudos superiores a las 50 UIT serán pagadas proporcionalmente al saldo disponible y al orden de prioridad señalado.
El congresista Juan Carlos Eguren (PPC-APP) se manifestó satisfecho porque dijo que de esta manera se honra la deuda social. “Es un paso importante”, expresó.
En ese sentido, también se pronunciaron los legisladores Natalie Condori (NGP) Mariano Portugal (UR) y Casio Huaire (PP), entre otros.
Una modificación que surgió a la luz del debate fue la ampliación del plazo a 60 días para la adecuación de las entidades a los criterios establecidos para el pago de las sentencias judiciales.
FINANCIAMIENTO
Según la propuesta, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas, durante el año fiscal 2013 y como etapa inicial del proceso de atención de pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución a transferir 160 millones de nuevos soles y en ejecución no mayores de 50 mil a favor de los pliegos del Gobierno Nacional y de gobiernos regionales. (Congreso)
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